Los gobiernos del siglo XVIII mantuvieron la protección al cáñamo cultivado en las vegas de Granada y del Segura para consolidar la producción nacional mediante medidas que fueron reinstauradas por el general Primo de Rivera en 1927. Durante la Guerra Civil Española (1936-1939) llegó a experimentar un auge significativo. Pero en 1937, Estados Unidos prohibió el uso del cáñamo con el fin de favorecer el algodón y las fibras sintéticas, y ya sabemos como la prohibición se extendió por el mundo.

A lo largo del siglo XX, España ha firmado la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, que censuran la siembra, producción y comercio del cannabis como droga, pero no restringen la producción de cáñamo industrial.

Actualmente, la Unión Europea (UE) permite la producción de cáñamo industrial y hortícola cuando el contenido en tetrahidrocannabinol (THC), el elemento psicoactivo que contiene, se encuentra por debajo del 0,2% (tradicionalmente el límite estaba fijado en 0,3% pero fue modificado en 2002), ya que hay subespecies y variedades de Cannabis sativa que contienen entre 0,5 y 5%, de las que se obtienen la marihuana y el hachís. En este sentido, el Real Decreto 1729/1999 del 12 de noviembre de 1999 autoriza 25 variedades de cáñamo industrial para el cultivo en España. Las semillas de estas variedades tienen que estar certificadas por la UE para que su cultivo sea legal. El Real Decreto también establece las normas para conceder las subvenciones económicas para el lino y el cáñamo destinados a la producción de fibras.